La CGERA viene trabajando esta problemática desde los distintos espacios de Diálogo Social propuestos por el Gobierno Nacional, junto a la Presidenta Cristina Fernández, El Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, y todo el equipo económico. Desde que existe el trabajo informal en Argentina, será la primera vez que contaremos con un instrumento legal general y efectivo pensado para combatir el segundo gran problema que enfrentan los trabajadores, luego de la desocupación.
Marcelo Fernández, presidente de la CGERA, luego de participar del anuncio en la Casa Rosada en representación de CGERA, expresó que “es una respuesta a un tema que venimos trabajando conjuntamente con distintas áreas del Gobierno y una verdadera decisión contra un mal que carcome la competitividad de los empresarios nacionales que trabajan en el marco de la ley”.
“Es además un orgullo que el 65% de los beneficios que sea destinado a las microempresas, ya que es una clara demostración de la confianza que deposita el Gobierno en el tejido productivo pyme para que este consolide la economía nacional” destacó Fernández.
El texto contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.
Una vez incorporadas a esa “lista negra”, las firmas deberán pagar la multa correspondiente y durante tres meses no podrán ser contratistas del Estado, perderán todo tipo de subsidio y tendrán prohibido acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas.
La Presidenta aseguró que con esta batería de instrumentos se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28 por ciento. La ley beneficiará a cerca de 290 mil microempleadores con el objetivo de facilitar la registración de sus trabajadores, número que representa al 50% del total de los empleadores formales.
El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sostuvo que el proyecto «tiene más de 10 años de experiencias, de trabajo didáctico, de difusión y de búsqueda de resultados. Y en el último año, con motivo de la mesa de diálogo que abrió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay un trabajo conjunto con los gremios y con los empresarios que hizo que se llegara como conclusión a este proyecto que estamos enviando al Congreso».