Luego de varios años de trabajo desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA), este jueves se aprobó la Ley de Taller Industrial Residencial. La iniciativa había surgido a partir de un proyecto presentado por el diputado Sergio Abrevaya, y trabajado con el Secretario General de la entidad empresaria, Raúl Zylbersztein.
«Es una excelente noticia para un trabajo de más de una década», manifestó Zylbersztein, al tiempo que aseguró que “ahora hay un instrumento legal para habilitar un sinfín de actividades productivas que se realizan en las casas, tanto sea para productos finales como para los que son parte de un proceso productivo integrado con otras empresas o micro emprendimientos».
En este sentido, el Secretario General de CGERA sostuvo que “mucho se habla de las empresas de garage, pero para eso es importante habilitar el garage, y para eso harán falta medidas de seguridad acordes a la actividad sin desentenderse de la calidad de vivienda del espacio».
Asimismo, Zylbersztein afirmó que “gente que confecciona prendas, arregla computadoras o cocina tortas para venderlas en la confitería del barrio ya no serán clandestinos, lo que resulta una ventaja para todos, inclusive los consumidores que sabrán que el sándwich que compran en un kiosko mantiene normas de salubridad”. “Ahora será necesario establecer un régimen impositivo y laboral adecuado para poder traer sin problemas a todos estos emprendimientos s la economía formal. Este es el primer paso y el que se puede hacer desde la legislatura, el resto requerirá una legislación nacional, y trabajaremos en ella”, agregó.
Finalmente, Zylbersztein indicó que «es una salida para quienes quieren dejar el trabajo en lugares clandestinos; esta norma no representa una salida para criminales que se dedican a la trata y la explotación como algunos sectores de la economía social plantearon, ya que estas organizaciones trabajan siempre escondidas y jamas irán a una repartición pública para decir donde están y que sean plausibles de inspecciones para ver que cumplan con la reglamentación especifica».
De esta manera, el Secretario General de CGERA sostuvo que «esta ley va a ayudar a trazar una linea divisoria entre emprendedores domiciliarios y el trabajo clandestino, ya que los primeros no se ven obligados a esconder su actividad licita por no tener una regla que los deje trabajar en su casa con un emprendimiento productivo, y nada tiene que ver con al trata o el trabajo esclavo, como lo argumentaban organizaciones de la economía popular para oponerse al proyecto». «Quienes comenten actos ilícitos, nunca van a ir una CGP a informar donde realizan una actividad para que puedan ser inspeccionados», concluyó.